Opinión Nacional

Venezuela en el ojo del huracán IX

Cuando el Presidente de Venezuela solicitó el ingreso de nuestro país al Mercosur seguramente lo hizo sin conocer a fondo los orígenes del tratado de integración económica suscrito por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, como tampoco sus bases ni los instrumentos que fueron conformando el gran acuerdo. En primer lugar, como lo registra la historia, el tratado fue posible por el derrocamiento de las dictaduras genocidas que en ellos se establecieron durante años, y por la recuperación en ellos de la democracia pluralista. Salidos apenas de estas traumáticas experiencias, los países suscribieron el Protocolo de Ushuaia sobre el Compromiso Democrático en el Mercosur. Venezuela no podrá ingresar a Mercosur sin hacerse parte de ese Protocolo. Sin hacerse parte, y sin cumplirlo de manera estricta, como lo hacen sus miembros. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Veamos el instrumento jurídico que el Presidente de la República desconoce. El articulo 1 establece con toda claridad la siguiente premisa, según el texto que transcribimos: “La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes del presente Protocolo”. El articulo 2 consagra lo siguiente: “Este Protocolo se aplicará a las relaciones que resulten de los respectivos Acuerdos de integración vigentes entre los Estados partes del presente Protocolo, en caso de ruptura del orden democrático en alguno de ellos”.

El Protocolo de Ushuaia sobre el Compromiso Democrático en el Mercosur expresa de manera enfática que la ruptura del orden democrático en cualquiera de los Estados parte, deberá ser objeto de consultas inmediatas entre ellos y con el país afectado. Fracasadas las gestiones diplomáticas, el Protocolo de Ushuaia obliga a los Estados a tomar medidas drásticas.

Nadie debe llamarse a engaño ni entre los miembros de Mercosur ni en los otros del hemisferio sobre la ruptura del orden democrático en países donde se viola sistemáticamente la Constitución Nacional. Pueden ser económicamente muy poderosos las razones de algunos gobiernos de la región, y, en particular de Mercosur, para suponer que en Venezuela no se altera el orden democrático. Pero intereses comerciales aparte, los principios establecidos por los tratados privan sobre toda otra consideración circunstancial, política o del orden que fuere. El Protocolo de Ushuaia fue suscrito justamente para advertirles a los dictatoriales del Sur que su presencia en los gobiernos era absolutamente incompatible con la participación en Mercosur. En suma, dictaduras abiertas o dictaduras embozadas cuentan lo mismo. La ruptura del orden legal se consuma cuando se viola la Constitución y se vulnera el Estado de Derecho. No en vano, parlamentarios de Mercosur vendrán a Venezuela para investigar el caso de los 300 y tantos inhabilitados por el gobierno, a quienes se les niegan sus derechos políticos, como “una manera de ganar elecciones” castigando a quienes pueden derrotar al oficialismo.

Démosle un vistazo al Preámbulo de la Constitución vigente, donde se establece como el fin supremo de refundar la República “establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluri¬cultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidari¬dad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el im¬perio de la ley para ésta y las futu¬ras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad…”
La Constitución se viola cuando desde Miraflores se conspira contra el mandato de establecer “un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidari¬dad, el bien común, la integridad territorial…” Derrotada la propuesta de centralización el 2 de diciembre, el Presidente de la República persiste en su control absoluto de la nación, manipulando el presupuesto de los estados y creando regiones militares para disminuir la autoridad de los gobernadores.

La Carta fundamental se viola cuando se desatiende como ha sido comprobado, la integridad territorial y la soberanía sobre nuestros recursos para privilegiar “alianzas socialistas” a través o al margen de Petrocaribe.

La Constitución se viola cuando se alteran principios. Promover la cooperación pacífica entre las naciones e impulsar “la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos…” La violación del principio de No intervención desafía la autodeterminación de los bolivianos. Ese intervencionismo ofende a sus ciudadanos y compromete nuestros recursos.

Convocados por el Ministerio de Cultura de Brasil se reunieron en La Paz los ministros de Cultura de Mercosur con la consigna de “ampliar su radio de acción”. Bienvenida la iniciativa brasileña porque así tendremos una instancia para denunciar la política de discriminación con el libro aplicada por el gobierno de Venezuela.

En nuestro país el libro ha dejado de ser un bien prioritario, según decreto presidencial. Para obtener divisas, es preciso gestionar ante el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio un «certificado de no producción nacional o producción insuficiente» para justificar las importaciones y obtener divisas de CADIVI. Entre los requisitos es indispensable presentar una “sinopsis del contenido”. ¿Cohonestan estas prácticas los ministros de Mercosur? Estamos en vísperas de que el MILCO nos indique qué podemos leer. Los ministros de Cultura deben dictaminar si estas prácticas soviéticas son compatibles con el tratado.

Contra el Estado de Derecho se conspira cuando se controlan indebidamente los poderes del Estado, como el Poder Electoral. Cuando se alteran y destruyen instituciones como las Fuerzas Armadas, politizándolas y rompiendo su estabilidad interna con disposiciones como la de convertir a los sargentos técnicos en oficiales, reconociéndoles su antigüedad de modo que pueden convertirse en coroneles. Cuando se privilegian cuerpos armados como las milicias llamadas Reservas. En vísperas de un nuevo aniversario de la Guardia Nacional, vale la pena recordar a su fundador y a los esfuerzos que hizo porque las Fuerzas Armadas fueran una institución garante de nuestra soberanía.

A los ojos de América Latina, de Mercosur, de la OEA, no puede ocultarse la realidad de Venezuela, las violaciones sistemáticas de la Constitución, y los propósitos de imponer un régimen político llamado “socialismo del siglo XX!”, un sistema ya probado por el general Juan Vicente Gómez.

¡Porque los países de Mercosur respondan a este llamado!

¡Porque los ministros de Cultura de América Latina miren hacia Venezuela!

¡Por el cumplimiento de los Protocolos democráticos!

Movimiento 2D / Democracia y Libertad

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