Venezuela: la gran mentira
(AIPE)- La indignación del venezolano, con el gobierno de un autócrata ineficiente, estuvo a punto de estallar cuando se conoció que no se podían realizar las elecciones por no estar debidamente preparado el llamado Consejo Nacional Electoral.
El gobierno de Chávez, en su deseo de confundir a la opinión internacional está pregonando que el aplazamiento de las elecciones por decisión del Tribunal Supremo es evidencia de que en Venezuela sí esta funcionando el estado de derecho. Eso no es así.
El presidente Chávez, según la Constitución que el mismo ordenó se aprobara, es el venezolano que más poder ha tenido en toda nuestra historia. Su dictadura esta debidamente legalizada. Chávez es el único Jefe de Estado que puede disolver la Asamblea Nacional, o sea el Congreso, y gobernar por decreto sobre cualquier materia, sin que haya en el país ninguna situación de excepción. El Tribunal Supremo fue nombrado a dedo por Chávez, igual que todo el aparato judicial del país; incluyendo también al defensor del pueblo, el contralor y el procurador. Es decir que no hubo ninguna consulta para esos nombramientos. Si Chávez no hubiera querido que el Tribunal Supremo aplazara las elecciones, les hubiera dictado instrucciones en ese sentido. El Tribunal aceptó la petición de la llamada sociedad civil porque Chávez lo decidió así. ¿Por que? Debido a la incompetencia del propio gobierno, pues el Consejo Nacional Electoral, también nombrado a dedo por Chávez, fue incapaz de organizar las elecciones. El régimen agotó todos los recursos: amenazas, chantajes y muchas presiones, pero no se podía realizar la consulta electoral por ser técnicamente imposible. Si Chávez hubiera insistido en llevarlas a cabo el 28 de mayo, esa fecha hubiera quedado en la historia de Venezuela como el día del caos.
Además, el chavismo no podía hacer fraude porque no había forma de contar los votos, ni se sabía por quién se debía votar, ni los tarjetones estaban listos. Por eso el presidente Chávez se vio obligado a detener el proceso y cubrió la decisión con una aparente decisión legal. En pocas palabras, el aplazamiento fue lucha libre o sea pelea arreglada. Si el gobierno hubiera insistido en las elecciones se suicida. Nada hubiera podido contener la furia de quienes se sentirían estafados. Esa caricatura electoral montada en Venezuela costó mas de sesenta mil millones de bolívares, o sea ochenta y siete millones de dólares.
Para definir estas elecciones fue necesario inventar un vocablo: megaelecciones, pues los venezolanos no solamente van a elegir no sólo al presidente de la Republica, sino a 23 gobernadores, 165 miembros a la Asamblea Nacional, 335 alcaldes y 2.349 concejales; además tres mil miembros de las juntas parroquiales y 219 diputados regionales y, por si fuera poco, cinco diputados al Parlamento Andino y 12 al Parlatino. Todos los Ejecutivos del Consejo Nacional Electoral fueron nombrados por el gobierno; allí no había nadie independiente, ni de la oposición. Los técnicos electorales que tenían más de 20 años fueron jubilados o despedidos porque Chávez necesitaba gente de su absoluta confianza, sin importarle si eran o no competentes.
El gran problema del presidente venezolano es que todas las oficinas de su gobierno están repletas de funcionarios incapaces. Ya no se trata solamente de un problema ideológico sino de gerencia. Venezuela con ese equipo no tiene salvación.
* Analista político venezolano.
