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Re-descentralización del sector cultura en Portuguesa

Uno de los cultores del estado Portuguesa más respetados y reconocidos es Carlos Mínguez; él representa una de las voces críticas del sector cultura que aboga por el respeto al derecho del trabajador cultural y a por la salvaguarda de los espacios públicos culturales tanto a nivel local y regional, como nacional. Mínguez no representa solamente esa demografía pensante que fundamentándose en el marco legal vigente y en la precedencia de ese marco legal sobre las actuaciones de quienes ejercemos la labor de gestión cultural, nos toca darles sentido a las políticas públicas de cultura, si no motivar y elevar la autoestima de nuestros cultores por encima de las individualidades que puedan buscar ocupar centimetraje en lo concerniente a los eventos culturales de los pueblos.

Un gerente cultural ególatra, raspicuim, inoloro e incoloro hacia su pueblo, es solamente un referente triste en la cartografía cultural de una región o territorio; Mínguez se ha ocupado, por años, en señalarlos y en confrontarlos, por eso se ha ganado el buen calificativo del “crítico mordaz de cultura”. Con el amigo Mínguez hemos estado trabajando el nuevo “Proyecto de Ley para la descentralización del sector Cultura en el estado Portuguesa”, sobre todo porque lo que hoy constituye el Instituto de Cultura del estado Portuguesa (ICEP), es una Institución cuyas bases legales son de 1997, y no están en consonancia con el marco legal vigente, sobre todo, como para empezar a reflexionar en voz alta, no está ni en espíritu ni en la letra del cuerpo doctrinal-legal de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sancionada en 1999.

Es por esta razón que se necesita comenzar a generar matrices de opinión que permitan delimitar un nuevo instrumento de Ley que se adecué a la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y el poder popular del pueblo, así como la creación de mecanismos que vengan a coadyuvar la responsabilidad del Estado por ofrecer de manera masificada y gratuita, la educación y la cultura.

En nuestras políticas culturales en el estado Portuguesa (Venezuela), hemos señalado que el sector Cultura busca afianzar la autogestión y el emprendimiento en nuestros cultores para ayudar a fortalecer la capacidad de respuesta del sector cultura a las necesidades del colectivo. Lamentablemente la visión de autogestión ha venido siendo deformada en la práctica; se ha entendido por ella la mercantilización de los cursos de formación en Artes y Oficios que ofrece Cultura a través de sus Fundaciones que tienen como misión la difusión cultural y la contribución al colectivo con talento y aptitudes, a ser guiados y orientados sin que con ello haya un costo económico elevado que funja como garantía para la formación o trabajo de inducción especializado que se le dé a algún cultor o docente.

En este aspecto, el sector Cultura en el estado Portuguesa ha guiado sus actuaciones a darle al sector Cultura un comportamiento acorde con las directrices del Capítulo VI, De los Derechos Culturales y Educativos, de la Carta Magna de 1999, en la cual se establece que, Artículo 98, la creación cultural es libre… “Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia (…)” Y en el Artículo 101, se hace alusión a que el “…Estado garantizará la emisión, recepción y circulación de la información cultural. Los medios de comunicación tienen el deber de coadyuvar a la difusión de los valores de la tradición popular y la obra de los o las artistas, escritores, escritoras, compositores, compositoras, cineastas, científicos, científicas y demás creadores y creadoras culturales del país. Los medios televisivos deberán incorporar subtítulos y traducción a la lengua de señas, para las personas con problemas auditivos…”

Como puede apreciarse, el Estado “…garantizará la emisión, recepción y circulación de la información cultural…” ¿Qué quiere decir garantizará? Pondrá todos los recursos necesarios para darle operatividad y prosecución al trabajo cultural, realidad que por motivo del bloqueo económico internacional y la anulación de nuestro proceso de exportación de petróleo como vía para fortalecer y darle financiamiento a los proyectos sociales donde la cultura tiene un lugar importante, el presupuesto no solamente se ha visto limitado, si no que no está concebido para dar respuesta a todas las necesidades de los planes de formación y capacitación en Artes y Oficios que lleva adelante instituciones culturales como el ICEP, por esta razón se ha venido laborando con el apoyo desinteresado de las comunidades quienes se han beneficiado con talleres formativos de primera línea en las áreas de Pintura artística, música, teatro, manualidades, danza, entre otros. El nuevo “Proyecto” de Ley del ICEP, debe regular esta práctica en razón de darle mayor garantía a los ciudadanos de contar con una inversión gubernamental que represente las necesidades del colectivo y a su vez les permita participar activamente en la planificación, supervisión y control de los procesos formativos que oferte a futuro del ICEP, a través de sus Fundaciones que le dan autonomía para maniobrar de manera operativa y eficiente  ante una crisis tan aguda del sector Cultura producto de la falta de recursos económicos y financieros para garantizar respuestas consolidadas y certeras.

Y en cuanto a  “…la emisión, recepción y circulación de la información cultural”, que entra en el concepto de “garantía” como deber del Estado, la percepción del ICEP, se ha orientado en los últimos días a generar una articulación conjunta con diversas Instituciones de carácter educativo y social, para proyectar el trabajo cultural en la medida que merecen las personas que apuestan a seguir en Venezuela y seguir con su vocación creativa en su territorio natural donde nunca serán extraños ni mal recibidos. La vorágine de la inmigración de talentos nos ha afectado de manera dura al sector Cultura, pero son más los que retornan y menos los que deciden salir a explorar nuevos horizontes, porque se han percatado de la evolución y la inserción en el mundo moderno de las artes, debe partir de elementos locales donde pulir habilidades, destrezas y talento, para de allí erigirse como referente internacional de una Cultura que está inmersa en el siglo XXI, con proyecciones de innovación y alta factura creativa.

A grandes rasgos, el sector Cultura en el estado Portuguesa, al igual que el sector Cultura a nivel nacional,  se debe a fortalecer tres factores fundamentales: 1.- la formación en Arte y Oficios de los talentos noveles; 2.- la generación y estímulo de una cultura urbana y rural acorde a los nuevos tiempos; y 3.-la consagración permanente del gentilicio local en la realización de eventos importantes como las actividades carnestolendas (Mascarada), los planes vacacionales de los niños, niñas y adolescentes, conjuntamente con celebraciones como Semana Santa y otras fechas que enaltecen la idiosincrasia cultural del portugueseño. Todo esto bajo las premisas de destacar la cultura indígena, africana y española, que es de donde vienen las raíces fundacionales de los venezolanos. La influencia indígena va desde el manejo del léxico autóctono y la gastronomía, así como  una influencia africana caracterizada por el uso de instrumentos musicales como el tambor, y una marcada influencia española, promovida desde las regiones de Andalucía y Extremadura, lugares de origen de la mayoría de colonos en la zona del Caribe durante la época colonial,  que se encuentra reflejada en el paisaje de los pueblos en Venezuela y en Portuguesa, por la vía de edificaciones, música, religión católica y el idioma castellano que es una variante del español.

El ICEP, como institución, se plantea en su “Proyecto de Ley”, promover integralmente la identidad cultural y proyectar la imagen regional de Portuguesa en todo el mapa cultural nacional, siempre reconociendo de manera abierta, la diversidad cultural de los pueblos como derecho y valor universal y como factor coadyuvante de la armonía entre las naciones.

La “Ley de Cultura” (Decreto N° 1.391, Ley Orgánica de Cultura, Gaceta Oficial N° 6.154 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014), establece que la gestión cultural pública es un conjunto coordinado de procesos, procedimientos y acciones llevadas a cabo por el Estado en materia de política cultural, en ese tenor, según el Artículo 4, las políticas culturales se han de orientar teniendo como referentes la  “…multietnicidad, unidad en la diversidad, pluriculturalidad, plurilingüismo, interculturalidad, dentro de un marco de descolonización y ecosocialismo, libertad de creación, democracia, pluralismo político, humanismo, paz, justicia social, igualdad, equidad, inclusión, solidaridad, soberanía, responsabilidad social, corresponsabilidad, participación, reconocimiento de las tradiciones, dignidad, integridad, respeto a los derechos humanos, no discriminación, libertad de cultos, a los valores éticos y morales, y consolidación de la unión latinoamericana y caribeña fundamentada en el pensamiento de nuestros libertadores y libertadoras”.

De tal modo, el mandato va orientado a que en las regiones se generen espacios, planes, programas y proyectos integrados para fomentar y consolidar la formación, creación e investigación en materia cultural, a los fines de fortalecer el sentido de pertenencia, afianzar la identidad nacional, promover los valores culturales venezolanos, potenciar las capacidades creadoras de la gente, para coadyuvar a generar una cultura de unidad latinoamericana y caribeña.

En ese plano formativo la “Ley de Cultura”, incita el desarrollo de estrategias educativas descolonizadoras, dirigidas a los docentes en formación y en pleno ejercicio, a fin de elevar su conciencia crítica sobre el rol de guía que les corresponde cumplir en esta sociedad; al mismo tiempo se le da un contexto de articulación interinstitucional para establecer políticas conjuntas que permitan incorporar los contenidos de formación para las artes en todo el sistema educativo nacional; así como, garantizar las acciones pertinentes para lograr la desaparición de las barreras culturales que originen exclusión y marginalidad.

De manera puntual, la “Ley” da un mandato tácito hacia la descentralización como política pública cultural desde el nivel nacional hasta el nivel local; esa descentralización implica subvertir el orden establecido para desde la visión comunitaria construir integralmente el buen vivir para todos los seres humanos, situación que conduce a plantear la cultura como necesidad básica de convivencia cotidiana, en donde confluyamos los seres materiales e inmateriales como complementarios en la pacha mama, a través de políticas públicas que desechen la dominación cultural y neocolonial.

Volviendo a la Constitución Nacional (1999), artículos 98, 99 y 100, es la orientación fundamental del nuevo “Proyecto de Ley” del ICEP, bajo los siguientes aspectos: se asume como estrategia de políticas públicas los convenios, pactos, tratados, y demás normas contenidas en el Derecho comparado sobre el desarrollo del derecho a la cultura; se considera de manera rigurosa la regulación y efectos jurídicos del acto de declaratoria de un bien como patrimonio cultural y las formalidades, procedimiento, ámbito, efectos y su ejecución; se valora la necesidad e idoneidad de cada caso los repartos competenciales en la materia, y la descentralización y gestión del patrimonio cultural, observando al revisar este aspecto la dimensión económica del patrimonio, la actividad administrativa y la gestión de patrimonio en cuanto a su planificación, organización, comunicación, control y evaluación, la gestión pública y participación privada, los vínculos ente el patrimonio cultural y la educación, así como entre el patrimonio cultural y la comunicación; se asume el régimen sancionatorio aplicable a la gestión del derecho a la cultura corre igual suerte y regulación que la actividad sancionadora de la Administración Pública, de allí la exigencia de respetar los principios de aplicación de las infracciones administrativas y los principios de aplicación de las sanciones administrativas; y se procura, como actividad de fomento, la implementación de  un modelo fiscal en materia de bienes culturales y en especial de los bienes declarados patrimonio cultural de la República y de aquellos que integran las llamadas industrias culturales, en lugar de un régimen de máxima intervención y dirigismo estatal, contrario al pluralismo cultural y a la libertad.

En fin, nuestro interés en Portuguesa, en el marco de las políticas públicas de Primitivo Cedeño, Gobernador del estado Portuguesa, es promover la gestión cultural comunitaria local y descentralizada, inscribiendo a los colectivos y centros culturales, las manifestaciones urbanas emergentes, los grupos juveniles, los pueblos y nacionalidades. Se concibe una propuesta renovadora desde la exclusión por y para la emancipación, un quehacer a nivel de base para diseñar el nuevo tejido social, donde los distintos colores de las diversas fibras permitan construir el cobijo de todos para generar sentidos desde los intereses comunes para recrear y prolongarnos en la comunidad con respuestas propias, donde se constituyan en protagonistas los niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos de cada territorio desafiando lo establecido.

*Patrimonio Cultural Viviente del estado Portuguesa-Venezuela/ Presidente del ICEP.

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