Casa Blanca y Capitolio

Con pocas horas de intervalo, el Ejecutivo y el Senado norteamericanos han manifestado nuevamente su preocupación por el cúmulo de irregularidades que afectan el proceso electoral peruano, unánimente considerado -salvo, desde luego, por el sector oficialista y la prensa que lo apoya- como el más desequilibrado y tramposo en los últimos 50 años de nuestra vida política.

La declaración de la Casa Blanca, de un rango mayor que la anterior que provino del Departamento de Estado, fue leída por el vocero de prensa del presidente Clinton y consta de tres puntos. En el primero afirma coincidir con las evaluaciones realizadas la semana pasada por las misiones de observadores del Instituto Nacional Demócrata, el Centro Carter y la OEA.

En el segundo admite algunas mejoras hechas por el gobierno de AFF -mejoras cosméticas, en nuestra opinión- pero insiste en que tales modificaciones «no llegan a establecer las condiciones que serían necesarias para garantizar un proceso plenamente democrático conducente a las elecciones al Congreso y a la presidencia».

En el acápite final se vuelve a hacer un llamado al gobierno peruano para que en los días que restan antes del 9 de abril adopte las medidas posibles «a fin de restaurar la confianza ciudadana en la integridad de las entidades responsables de la administración del proceso electoral y garantice las condiciones para las elecciones, incluyendo la emisión de votos y el escrutinio de los mismos, asegurando la legitimidad de la contienda electoral».

Como para llover sobre mojado, menos de 24 horas más tarde de conocido este pronunciamiento, una comisión de senadores norteamericanos presentó en su Cámara el proyecto de Resolución 43, que contiene la primera advertencia concreta al régimen fujimorista, pues declara que si las elecciones no son justas -es decir, si no están acordes con los estándares internacionales exigidos a las consultas democráticas- el gobierno de los Estados Unidos modificará su política de ayuda económica y financiera.

Este proyecto de Resolución senatorial exige al fujimorismo que cese sus maniobras de control sobre los organismos electorales, que interrumpa el acoso a los medios de comunicación y que no insista en su hostigamiento a los candidatos de oposición, del que hace 48 horas hemos tenido una muestra nauseabunda en el ataque hecho al candidato Alejandro Toledo desde un canal de TV y un programa favoritos del gobierno.

Como no podía ser de otro modo, los pronunciamientos de la Casa Blanca y el Senado han provocado una explosión de nacionalismo hipócrita en las geishas del fujimorismo, que otra vez han agitado banderas antiimperialistas y hablado de neocolonialismo y otras lindezas. Que quienes acatan a pie juntillas lo que dispone el FMI respecto de nuestra economía se transformen en campeones de un antinorteamericanismo de ocasión no puede ser más ridículo.

El fujimorismo persiste en ignorar que la globalización consagra no solamente la llegada del mercado, sino también la universalización de valores como la democracia y los derechos humanos, que no pueden ser pisoteados impunemente. Las trapacerías y trampas montadas para imponer la candidatura ilegal de AFF y luego para favorecer su elección a expensas de los demás candidatos son un escándalo que preocupa al mundo y que ha hecho de nuestro país el equivalente a cualquier dictadura africana.

El único modo de salir de esta lista negra es mediante el respeto de normas universales que protegen la legitimidad de los procesos eleccionarios y respetan la voluntad expresada por los votantes. Eso es lo que las misiones de observadores -presentes en nuestro país a invitación del gobierno, no lo olvidemos- exigen para el 9 de abril.

En lugar de ello, asistimos a un festín de irregularidades y a reacciones tan estrafalarias como las de congresistas de C90-NM que ahora amenazan con la presentación de un proyecto de ley por el cual se prohiba la venida de observadores internacionales. Es decir, la política del avestruz, que cree que al esconder la cabeza bajo tierra desaparece el peligro en torno suyo.

No será con proyectos fuera de lugar -o con inquietarse por la democracia en las elecciones norteamericanas, como hace la congresista Martha Chávez- como contribuirán a que cese la farsa en que se ha transformado el proceso electoral por obra del gobierno. Los observadores se han limitado a constatar que no hay condiciones para unas elecciones limpias y libres. No son culpables por cumplir con la tarea que los ha traído al país.

La lección que debiéramos extraer los peruanos de este cuestionado proceso es la derogatoria de todo el articulado que hace posible la reelección inmediata en la Constitución. Mientras ella sea posible todo proceso electoral presente o futuro estarán contaminados.

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