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100 días de Duque en Colombia en medio de asesinatos y protestas

El presidente colombiano Iván Duque cumplió 100 días en el gobierno con una estrepitosa caída de popularidad y en un ambiente enmarcado por sospechosos asesinatos de testigos claves del caso Odebretch, protestas estudiantiles, solicitudes de renuncia y más crímenes contra líderes sociales y de defensores de los derechos humanos.

Según una encuesta de la firma Invamer difundida este viernes, la popularidad del Mandatario cayó de 53,8 por ciento en septiembre a 27,2 por ciento, lo cual representa un duro golpe para su imagen y su gestión.

Invamer detalló que 73,8% de los colombianos afirman que “las cosas van por mal camino”, reseñó la agencia rusa de noticias Sputnik.

Estos neogranadinos afirman que los principales problemas en su país son: «la corrupción (26,9 por ciento), el desempleo (21,7 por ciento) y la inseguridad (9,6 por ciento); le siguen la calidad y el cubrimiento de la educación (7,7 por ciento), la salud (6,8 por ciento) y los efectos de la situación de Venezuela (5,5 por ciento), indica la encuesta.

 

Asesinatos como arroz

Colombia es un país con altos índices de inseguridad. El narcotráfico, el paramilitarismo, la delincuencia común, los crímenes por motivos políticos, la guerra interna con las guerrillas, los altos niveles de desigualdad social, entre otros factores, han generado una diáspora por todo el mundo, siendo Venezuela uno de los mayores receptores de colombianos desde hace unos 50 años.

A inicios de año la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló en un estudio que Colombia es el tercer país más desigual del mundo, solo superado por Angola y Haití.

Este año también se conoció que es el país con más número de desplazados internos del mundo y el que ha generado más refugiados hacia otros países, junto con Irak y Siria.

El mundo pensó que con la firma de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla Farc, ahora convertida en el partido Fuerza Alternativa Revolucionara del Común, la guerra interna culminaría y con ella la violencia y sobre todo los crímenes políticos. Pero no fue así. Tanto que ya se habla de fracaso de los acuerdos de paz, por incumplimiento por parte del Estado.

Tanto que a inicios de diciembre el relator especial de la ONU, Michel Forst, visitará el país para evaluar la situación de los defensores de derechos humanos en el país y las medidas que ha adoptado el Gobierno para protegerlos. Según Forst, su visita busca determinar si los defensores de derechos humanos pueden operar en un entorno seguro y propicio para su labor en Colombia, aunque anticipó que la respuesta es compleja «y requiere evaluar el papel» y los retos que ellos enfrentan, en particular en el contexto de la implementación del Acuerdo de Paz.

Según cifras del mismo Gobierno, más de 300 líderes sociales han sido asesinados en el país luego de la firma en noviembre de 2016 del acuerdo de paz con las Farc.

Por su parte, la organización pro DDHH Marcha Patriótica afirma que en lo que va de 2018, 219 líderes o defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia. Y los crímenes de este tipo durante la gestión de Duque ascienden a 80.

Pero esta semana, la sociedad colombiana se vio conmovida por las sospechosas muertes de padre e hijo, ambos testigos claves en la investigación judicial por el caso de los sobornos que pagó la empresa constructora brasileña Odebrecht, para beneficiarse con contratos con el Estado.

Con una diferencia de solo tres días fallecieron Jorge Enrique Pizano Callejas, por un infarto, y su hijo Alejandro Pizano Ponce de León, víctima de la ingesta de cianuro.

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez está bajo escrutinio por estas muertes, pues Pizano Callejas lo había involucrado mediante unos audios en el caso Odebretch, según reveló la prensa de ese país el 11 de noviembre.

Los audios fueron grabados en 2015, cuando Pizano fungía como supervisor especial de dicha obra, en la que Odebrecht participaba de manera conjunta con la firma local Corficolombiana, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el industrial más poderoso de Colombia.

Para ese entonces Martínez aún no era fiscal general, pero representaba a Corficolombiana como abogado, por lo que Pizano le confió las irregularidades que observaba en los contratos, los cuales ascendían a pagos por 20.000 millones de pesos (6,4 millones de dólares) pero cuyo destinatario no tenía claro, según detalló Sputnik.

Bajo la dirección de Martínez, la Fiscalía investiga a 36 personas por el caso Odebrecht y ha establecido que los sobornos en Colombia no fueron de 11 millones de dólares (como aseguró la Oficina Federal de Investigación, FBI) sino de 32 millones de dólares.

El FBI reveló en 2017 el pago de sobornos de Odebrecht en al menos 12 países.

Según el diario colombiano El Tiempo, justamente Pizano habría buscado contactar con el FBI para concretar un acuerdo como testigo protegido, por lo cual tenía previsto viajar a EEUU en las próximas semanas, detalló la misma agencia de noticias rusa.

Ya la Fiscalía General de Colombia abrió una investigación para aclarar estas sospechosas muertes porque podrían encerrar un multimillonario caso de corrupción.

Protestas y renuncia

Pero, en el marco de los 100 días de Duque en el poder, los estudiantes universitarios   de instituciones públicas protagonizaron una serie de protestas para exigir al Gobierno que escuche sus propuestas, para solucionar la crisis estructural de financiamiento del sector.

La educación universitaria colombiana tiene un déficit de 3,2 billones de pesos (aproximadamente $1.015 millones) para su funcionamiento. Las universidades públicas necesitan, además, 15 billones de pesos colombianos (unos $4.758 millones) para invertir en infraestructura, según revelan expertos.

Hasta ahora el Mandatario se ha negado a conversar con los estudiantes para analizar sus solicitudes.

Esta semana también protestaron contra el gobierno las  comunidades Embera Dóbida, Katío y Wounaan, provenientes del departamento del Chocó, zonas de las más vulnerables para exigir el cumplimiento de los acuerdos a los que se había llegado con la comunidad y que se avance en los acuerdos con las Farc y que se garantice la incorporación jurídica de los excombatientes.

Pero no solo se incumple el acuerdo de paz con las Farc, sino que el gobierno de Duque abandonó la mesa de diálogo que había en La Habana con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo cual no augura ningún buen futuro para la paz del país, ni de sus vecinos.

Especialistas afirman que el Presidente no marca un rumbo definido para el país, por lo que algunos sectores incluso están planteando la renuncia del Mandatario. Es prematuro para ello, pero la luna de miel de Duque con su país, sobre todo con los sectores más desasistidos y la oposición parece que terminó.

 

 

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