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Bachelet condena ejecuciones masivas en Arabia Saudita

Los chiítas o chíies son una rama minoritaria dentro del islam, y en Arabia Saudita la inmensa mayoría de su población sigue la rama sunita

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó la ejecución de 81 personas por cargos relacionados con el terrorismo, efectuada por Arabia Saudita en una sola jornada, el 12 de marzo.

La pena de muerte “es incompatible con los principios fundamentales de los derechos humanos y la dignidad, el derecho a la vida y la prohibición de la tortura”, expresó Bachelet, quien fue dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018)  en un texto divulgado este lunes 14 por su oficina (Acnudh) en esta ciudad suiza.

“Entre los decapitados el 12 de marzo, tengo entendido que 41 pertenecían a la minoría chiíta y habían participado en protestas antigubernamentales en 2011-2012, pidiendo una mayor participación política. Otros siete eran yemeníes y uno de nacionalidad siria”, indicó la responsable.

Los chiítas o chíies son una rama minoritaria dentro del islam, y en Arabia Saudita la inmensa mayoría de su población sigue la rama sunita. Con respecto a Yemen, en ese país vecino se libra una guerra civil en la que chocan una milicia chiíta respaldada por Teherán contra fuerzas del gobierno que apoya Riad.

“Nuestro seguimiento indica que algunas de las personas ejecutadas fueron condenadas a muerte en juicios que no cumplieron con las debidas garantías procesales, y por delitos que no parecían alcanzar el umbral de los delitos más graves, como exige el derecho internacional”, dijo Bachelet.

Destacó que “la ejecución de sentencias de muerte tras juicios que no ofrecen las garantías procesales requeridas está prohibida por el derecho internacional humanitario y de derechos humanos, y puede constituir un crimen de guerra”.

“También me preocupa que algunas de las ejecuciones parezcan estar relacionadas con el conflicto armado en curso en Yemen”, agregó.

“La pena de muerte es incompatible con los principios fundamentales de los derechos humanos y la dignidad, el derecho a la vida y la prohibición de la tortura”: Michelle Bachelet.

Según la información entregada por el Ministerio del Interior a la agencia de prensa saudita SPA, los ejecutados fueron acusados de planear ataques contra objetivos económicos vitales, matar o atacar a miembros de las fuerzas de seguridad, secuestrar, torturar, violar e introducir armas de contrabando en el país.

Los delitos por los que se les juzgó, en un proceso en varias etapas, actuaron 13 jueces, según la información oficial, e incluyeron “jurar lealtad a organizaciones terroristas extranjeras, como Estado Islámico, al-Qaeda y los hutíes”.

A falta de precisión oficial sobre lugares y procedimientos, Bachelet indicó que “no proporcionar a los familiares información sobre las circunstancias de las ejecuciones puede constituir tortura y malos tratos. Las autoridades deben devolver los cuerpos de los ejecutados a sus familias”.

Lamentó que “la legislación saudita contenga una definición extremadamente amplia de terrorismo, incluidos los actos no violentos que supuestamente ¨ponen en peligro la unidad nacional¨ o ¨socavan la reputación del Estado¨”.

Con esas definiciones “se corre el riesgo de criminalizar a las personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica”, apuntó Bacheet.

También deploró que “a pesar de un alejamiento global de la pena de muerte, Arabia Saudita se encuentra entre los 38 países que continúan aplicándola”.

Las ejecuciones del 12 de marzo superaron incluso la ejecución masiva de enero de 1980 para los 63 militantes condenados por tomar en 1979 la Gran Mezquita de La Meca, el lugar más sagrado del Islam, con miles de peregrinos dentro, lo que constituyó el peor ataque terrorista en ese reino.

Bachelet hizo finalmente “un llamamiento a las autoridades saudíes para que detengan todas las ejecuciones, establezcan de inmediato una moratoria sobre su uso y conmuten las penas de muerte impuestas a las personas condenadas”.

“También insto a las autoridades a que ajusten plenamente las leyes antiterroristas del país a las normas internacionales”, concluyó.

Los países donde se han registrado más ejecuciones en años recientes han sido China, Irán, Arabia Saudita, Vietnam, Iraq, Egipto y Estados Unidos.

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