CIDH denuncia en informe ausencia de Estado de derecho en Venezuela
En el seguimiento que hacen sobre el caso venezolano diversas entidades internacionales, esta vez el turno le correspondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reiteró este viernes que Venezuela carece de «Estado de derecho» y vive «una grave crisis de derechos humanos», en un informe sobre su frustrada visita al país.
La Comisión tenía previsto llevar a cabo en febrero del presente año una inspección en las ciudades de Caracas y Maracaibo, pero tras la negativa por parte del Gobierno de Nicolás Maduro de permitir el ingreso de la CIDH al país, tuvo que efectuar su labor en Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela.
En el informe, la CIDH reiteró su rechazo al impedimento a entrar al país y señaló que «es propio de regímenes autoritarios denegar el escrutinio internacional y la observancia de la situación de los derechos humanos«.
En este sentido, el organismo con sede en Washington advierte que Venezuela atraviesa una grave crisis de derechos humanos como consecuencia del prolongado debilitamiento de la institucionalidad democrática y la ausencia de Estado de derecho, además de observar que «el Estado no ha adoptado medidas decididas para revertir esta situación, lo que ha profundizado la crisis y, por ende, los desafíos para superarla«.
Asimismo, concluye que el Estado venezolano «ha vulnerado sistemáticamente los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, reunión y libertad de expresión, especialmente en el contexto de su respuesta a las manifestaciones, protestas sociales y expresiones de disenso que han ocurrido en el país«.
Estado incumplidor
Por otro lado, la CIDH manifiesta preocupación por «el incumplimiento del Estado a sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la verdad y acceso a la justicia derivadas de la situación de impunidad en que se mantienen graves hechos denunciados como asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias«.
Además, hacen notar que «las personas que hacen política y son identificadas con la oposición, así como los periodistas, se enfrentan constantemente a actos de persecución y hostigamiento«, incluyendo la inobservancia de las garantías judiciales que asisten a cualquier persona.
Apuntan que tales prácticas también son dirigidas a profesionales de la salud y personal docente, que se manifiestan en contra del gobierno o para una mejora en la garantía de los derechos humanos de la población.
La misión de la CIDH estuvo presidida por la relatora para Venezuela, Esmeralda Arosemena de Troitiño y por la relatora sobre los Derechos de los Migrantes, Julissa Mantilla Falcón. La delegación también contó con la participación de Edison Lanza, relator especial sobre Libertad de Expresión; Soledad García Muñoz, relatora especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, así como el secretario Ejecutivo, Paulo Abrão.
