Con ofensiva diplomática nuevo gobierno buscará reconocimiento internacional
El nuevo gobierno de Honduras iniciará una ofensiva diplomática para revertir el rechazo de la comunidad internacional y lograr la aceptación del presidente de la República Roberto Micheletti Baín.
El anterior presidente del Legislativo fue juramentado ayer como el nuevo dignatario hondureño, tras separar de su cargo al entonces mandatario Manuel Zelaya Rosales.
En declaraciones vertidas esta mañana, Micheletti aseguró que ya están trabajando en los documentos que presentarán a los demás gobiernos para acreditar la legalidad y apego constitucional de los hechos del domingo 28 de junio.
Para tal fin, nombró como nuevo canciller de la República al abogado Enrique Ortez Colindres, cuya juramentación está prevista para este día a las 11:00 de la mañana.
Un clima de normalidad reinaba en todo Honduras este lunes, luego de los acontecimientos del domingo, cuando el país y el resto del mundo conoció la noticia de la detención de Manuel Zelaya por orden de los tribunales de justicia hondureños.
En sus primeras declaraciones como canciller nombrado por el presidente, Ortez Colindres manifestó también que su trabajo será convencer a los demás estados que el nuevo gobierno es legal y que el próximo 29 de noviembre habrá en Honduras elecciones generales, tal como lo ha asegurado Micheletti Baín.
La titularidad de Relaciones Exteriores así como de Finanzas, a cargo de la ex presidenta del Banco Central, Gabriela Núñez, son dos de los cambios comprobados en el nuevo gobierno.
Zelaya planificaba disolver el Congreso
El informe de la Comisión Especial nombrada para investigar las actuaciones irregulares de Manuel Zelaya Rosales fue contundente y condujo a su separación de la titularidad del Poder Ejecutivo a las seis de la mañana.
Manuel Zelaya Rosales, presidente liberal que asumió el mando el 27 de enero de 2006, pasó a la historia como el primer gobernante destituido bajo el régimen de la actual Constitución de la República, vigente desde 1981.
A Zelaya Rosales lo sustituyó Roberto Micheletti Baín, hasta ayer presidente del Congreso Nacional, un ex guardia presidencial de la década de los sesenta, diputado liberal por cerca de 30 años y redactor de la actual Constitución.
La sucesión constitucional quedó registrada en el acta 30-2009 de la sesión del día 28 de junio de 2009 con el voto de 122 diputados: 62 pertenecientes al gobernante Partido Liberal, 55 al opositor Partido Nacional, 3 de la Democracia Cristiana y 2 del partido Innovación y Unidad (Pinu).
En el hemiciclo legislativo no se encontraban los cinco diputados del izquierdista partido Unificación Democrática (UD) y la ex parlamentaria democristiana Marleny Paz, que en los últimos meses se unió a ese colectivo político. En el CN son 128 diputados.
La destitución de Zelaya se produjo en una sesión ordinaria del Congreso, convocada para conocer un informe especial de investigación acerca del comportamiento con relación a los demás poderes del Estado y el desacato a un fallo judicial que ordenó la suspensión de toda propaganda y una encuesta que se iba a realizar ayer, con relación a la cuarta urna o “urna del constinuismo”.
Aunque en el informe de la comisión no se dio a conocer los pormenores, los congresistas se enteraron en sesiones de bancada que Zelaya tenía entre sus planes la disolución del Congreso Nacional al mediodía de ayer, tras conocer los primeros resultados de la frustrada encuesta de opinión.
Zelaya se disponía a inaugurar la referida actividad a eso de las 6:00 de la mañana cuando fue capturado en su casa de habitación por elementos de la policía y el Ejército, y conminado a abandonar el país con destino a Costa Rica, según informes oficiales.
En el informe de la Comisión Especial de Diputados se señala un listado de actos ilegales cometidos por Zelaya Rosales, que son considerados constitutivos de delito.
La Comisión Especial determinó que Zelaya “ejecutó acciones desafortunadas, desafiando a las autoridades constituidas e incumpliendo los deberes constitucionales y legales que, de una u otra forma, inciden en el normal desarrollo de la actividad de la vida nacional”.
Los diputados investigadores tuvieron acceso a información tal como la no sanción de 96 decretos y leyes remitidas por el Congreso Nacional en cumplimiento del proceso de sanción de la ley.
La no remisión del Presupuesto General de la República que, según mandato constitucional, debió ser presentado al CN a más tardar el 15 de septiembre del año pasado.
Otro acto irregular fue el desacato a las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y ratificadas por la Corte de Apelaciones, referentes a la ilegalidad del proceso de consulta sobre la cuarta urna y los actos relacionados con la encuesta.
También se señala como un acto ilegal el desconocimiento, por parte del Poder Ejecutivo, de las notificaciones de la Fiscalía General de la República sobre la ilegalidad de la encuesta y la sentencia del recurso de amparo con suspensión del acto reclamado sobre la remoción del jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, coronel Romeo Vásquez Velásquez.
Otro delito cometido por el ex gobernante, según el informe de la Comisión Especial, fue el decomiso que hiciera en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña del material electoral que había quedado en esa unidad militar por instrucciones del Tribunal Supremo Electoral.
Otra prueba más de la ilegalidad en que incurrió Zelaya.
* Los diputados sesionaron ayer bajo un fuerte resguardo militar y policial.
Micheletti sucede a Zelaya por normativa constitucional
El pleno del legislativo conoció de una carta de renuncia de Manuel Zelaya, firmada y sellada con fecha 25 de junio.
En ese documento hecho circular en la cámara legislativa, Zelaya manifiesta que “dada la situación política polarizada que se ha presentado, la cual ha dado lugar al desencadenamiento de un conflicto nacional que ha erosionado mi base política, y debido a problemas insuperables de salud que me han impedido concentrarme en los asuntos fundamentales del Estado, cumplo con el deber de interponer mi renuncia irrevocable a la presidencia de la República, junto con la de mi Gabinete de Gobierno, efectiva a partir de esta fecha.
Con mi renuncia espero contribuir a sanar las heridas del ambiente político nacional”. La carta está dirigida a Roberto Micheletti, presidente del CN.
