Carnet de la Patria: ¿Una herramienta que protege al pueblo o es un apartheid político?
Ayer domingo, al cumplirse los dos primeros años de la existencia del Carnet de la Patria, aún cuando el mandatario Nicolás Maduro aseveró que ha sido un éxito esta herramienta, algunos analistas difieren de esta postura porque creen lo contrario: no protege al pueblo.
La psicóloga social Colette Capriles sostuvo que el Carnet de la Patria es un “mecanismo de control” y piensa que Maduro hace a la ciudadanía dependiente del Estado para abortar cualquier intento opositor de sacarlo del poder.
Bajo su óptica, “vemos una sociedad en estado de necesidad. Una vieja máxima del socialismo es que debes tener a las personas en estado de necesidad, pero no tanto como para que sean una amenaza”.
Analistas aseveran que esta herramienta ha sido utilizada como un dispositivo para vigilar y coaccionar al electorado a fin de garantizar victorias electorales.
Insisten que ha sido usado por el gobierno de Maduro como un mecanismo de presión social (ayudas sociales, alimentos y medicinas subsidiados) a fin de consolidar su base electoral, pero al mismo tiempo ha vulnerado la libertad de los ciudadanos en el ejercicio de su derecho al sufragio.
Apartheid político
Expertos en el tema alegan que el gobierno actual, ha creado una suerte de apartheid político-social donde una parte de la población, solo aquella poseedora del carnet, puede recibir las “migajas” de la renta petrolera, mientras que la gran mayoría no poseedora del carnet ha sido totalmente excluida.
“Los venezolanos que no poseen el carnet de la patria son tratados como ciudadanos de segunda clase y se les niega hasta los más elementales derechos humanos como la alimentación y la salud”, insistieron.
Lo cierto es que frente a una crisis institucional, con un Parlamento de mayoría opositora y el resto de poderes acusados de servir al chavismo, la crisis económica hace de las suyas.
El atajo instrumentado por el sucesor de Chávez para legitimar el carnet es tan irregular como la pretensión de que dicho instrumento sea superior incluso a la cédula de identidad (según el artículo 11 de la Ley Orgánica de Identificación es el documento principal) a la hora de que el ciudadano pueda acceder a derechos como el de la alimentación y la salud. Lo prevé en su último decreto de estado de excepción (decreto 3.610 del 10 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial n.° 41.478, de esa misma fecha).
En el texto, apartado n.° 11, se hace referencia a la “implementación de mecanismos de registro, identificación y verificación, de última tecnología, que permitan un óptimo control de la aplicación de subsidios y beneficios de carácter público, impidiendo conductas distorsivas que pudieran atender a intereses particulares o lucro personal”. En este mismo sentido, el apartado n.° 23 consagra la “organización de procesos de centralización, control y seguimiento que optimicen el acceso a los programas sociales que en el marco de la acción de gobierno se otorgan a las ciudadanas y los ciudadanos, para lo cual podrá valerse de los medios electrónicos más idóneos y asignar los recursos financieros que fueren necesarios”.
La decisión ha sido avalada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante sentencia 638 del día 20 de ese mismo mes de septiembre, que le da carácter constitucional, así como ha refrendado los nueve decretos anteriores con sus respectivas prórrogas.
El decreto de estado de excepción es inconstitucional e ilegal porque la Carta Magna establece que su duración es de máximo 120 días (incluida la prórroga) y porque ha abarcado áreas fuera de la económica y en nada ha contribuido con la solución a la crisis que vive el país, para lo cual fue adoptado, de acuerdo con Maduro.
Sin hacerle caso a la sentencia de la CIDH
Un informe del Observatorio Venezolano de Justicia y de la ONG Acceso a la Justicia denunciaron que, a partir del uso del Carnet de la Patria, el Ejecutivo Nacional ha establecido un “apartheid revolucionario”, tal como lo acusa la ONG Transparencia Venezuela, en el que parece establecer dos tipos de personas: los carnetizados y los no carnetizados, o si se quiere, venezolanos “de primera” y “de segunda”, fomentando una discriminación de tipo político electoral que reedita el mismo esquema de la llamada “Lista Tascón”.
Vale recordar que en dicho caso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) mediante sentencia del 30 de mayo de este año, condenó al Estado venezolano por la terminación arbitraria de contratos laborales por motivos políticos.
“Subrayamos que el Carnet de la Patria es un instrumento de coacción social y control político impuesto por el Gobierno para chantajear a las personas con los CLAP y un sinfín de bonificaciones a lo largo del año (Bono de Carnaval, Bono Día de la Juventud, Bono del Plan Parto Humanizado, Bono José Gregorio Hernández, Bono Hogares de la Patria, Bono de Escolarización, Bono Navideño, entre otros). Una de las últimas medidas que involucra su uso es la compra de gasolina a precio subsidiado y quien no lo posea deberá pagar un precio internacional, con lo que Maduro va dirigido a que “todo se haga con el Carnet de la Patria”, tal como lo advirtió a finales del año pasado.
En diciembre, Maduro prometió que en estas navidades “no van a fallar” con la entrega de perniles y juguetes para los venezolanos mediante el documento, promesa que el año pasado fue incumplida.
Emergencia humanitaria
“Cuando observamos la aplicación del Carnet de la Patria como mecanismo de control ciudadano podemos entender por qué el Ejecutivo muestra tan poco interés en resolver la emergencia humanitaria, la subestima o la niega, ya que la mejor forma de mantenerse en el poder sin popularidad es dominar a la población con este tipo de medidas en un contexto de crisis profunda”, argumentaron.
Para el Observatorio Venezolano de la Justicia, el Gobierno propicia el problema, no toma correctivos, sino que empeora la situación y lanza especies de salvavidas a la población para que esta crea que hace algo por ella y así logra atornillarse aún más en el poder. Peor es nada, de allí que ha habido personas tramitando el documento, aunque no comulgue con la ideología revolucionaria. Cifras oficiales de 2018 han dado cuenta de 18 millones de personas carnetizadas.
