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De cada 100 violaciones a los DDHH por funcionarios, solo dos son investigados

Este miércoles 12 de julio en el auditorio de la Asociaciones de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), se realizó el foro “Basta de Tortura”, en el que Inti Rodríguez, coordinador nacional del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) aseguró que en Venezuela de cada 100 violaciones a los DDHH cometidas por funcionarios, solo dos casos son investigados.

En la charla estuvieron representantes de la Colación de DDHH y la Democracia, la ONG Militares Libres y Provea.

Provea informó que durante las protestas de 2017 se pudo registrar un alza de 561% en los casos de torturas con respecto al año anterior.

Rodríguez señaló además, que durante los primeros cinco años de poder del presidente Nicolás Maduro han aumentado considerablemente el número de casos de torturas hacia presos políticos. Especificó que al menos son 30.584 los casos.

Son 539 víctimas en materia de tratos crueles, según Provea y también destacó que la mayor cifra de allanamientos registrados han sido en el año 2015.

Para el abogado Alfonso Medina Roa, el Gobierno de Maduro ha decidido institucionalizar la tortura, “como método para obligar a los ciudadanos a declarar en contra de su voluntad sobre actos en los que se les busca incriminar”.

“Pasar una navaja por la planta del pie, aplicarles corriente, arrancarles las uñas; son parte de las torturas que han hecho efectivos de los cuerpos de seguridad”, denunció Medina.

Asimismo, mencionó como ejemplo el caso del oficial de la Guardia Nacional, Iver Marín Chaparro, detenido hace cuatro meses por funcionarios de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim), por su presunta participación en un plan para derrocar al mandatario Nicolás Maduro.

Joselyn Carrizales, esposa de Marín Chaparro, denunció que desde el momento de su detención su esposo ha sido víctimas “de las más atroces torturas”. Comentó que al ser presentado ante el Tribunal Militar presentaba ya las secuelas de los maltratos sufridos.

Carrizales indicó además, que durante el tiempo que tiene detenido su esposo en la cárcel militar de Ramo Verde, solo lo ha podido ver en tres oportunidades.

Por su parte, Medina Roa acusó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, “de ser cómplices del Estado al callar ante estas situaciones de torturas”. Indicó que aunque en Venezuela existen Leyes para hacer justicia, los entes competentes han dejado que se apodere la impunidad.

Medina Invitó a los ciudadanos a solidarizarse con todos aquellos funcionarios de la FAN que han decidido cumplir el llamado del pueblo: “Hacer lo que rezan sus principios y levantarse en contra de la dictadura, motivo por el que actualmente se encuentran detenidos”.

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