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Oficialismo: Suben a 23 los fallecidos por naufragio de Güiria

El total de muertos que ha dejado un naufragio ocurrido el sábado en el Caribe venezolano se elevó a 23, según un comunicado de la administración de Nicolás Maduro en el que se informa que continúa la búsqueda de posibles víctimas.

«La suma de víctimas por este hecho asciende a 23 fallecidos, y hasta ahora se ha logrado la identificación de 21 cadáveres que han sido entregados a sus familiares en medio de un profundo pesar», dice un comunicado del Ministerio de Interior y Justicia.

Por estos hechos, explica el oficialismo que han detenido a dos ciudadanos: el dueño de la embarcación naufragada, «quien posee antecedentes penales por delitos de tráficos de drogas y tráfico ilícito de personas», y el dueño de la hacienda de donde salió esta barca.

«Dichas personas están aportando información relevante a los efectos de la investigación», prosigue el escrito en el que aseguran que los organismos de seguridad «continúan los trabajos ininterrumpidos de búsqueda y salvamento de posibles víctimas».

Maduro anunció también la conformación de una comisión especial para fortalecer las investigaciones sobre las «mafias que trafican con las necesidades del pueblo humilde» de Güiria, localidad del estado venezolano de Sucre (noreste) desde donde partió esta embarcación rumbo a la vecina Trinidad y Tobago.

Esta comisión, según la nota gubernamental, tiene como objetivo «la ubicación y detención de todos los responsables de este trágico accidente».

Además, reiteró que las averiguaciones incluyen la posible participación de dirigentes de la oposición «que pretenden sacar rédito político de este trágico y extraño accidente».

«Se está investigando la participación de voceros del extremismo venezolano en la generación de zozobra que han utilizado esta tragedia humana como un dispositivo mediático con fines macabros y perversos causando más dolor a quienes ya padecen los efectos del cruel bloqueo criminal (sanciones económicas)», sostiene el comunicado.

De igual forma, las autoridades venezolanas han rechazado una supuesta campaña «emprendida por las corporaciones mediáticas», en alusión a algunos medios de comunicación, sin precisar cuáles, que están difundiendo información sobre este naufragio.

Se trata de medios que son «cómplices de una estrategia de guerra contra el pueblo venezolano, basada en el terrorismo psicológico y la manipulación de la realidad», concluye la nota oficial.

En un comunicado anterior, el chavismo señaló que en la embarcación naufragada, que califican de «inadecuada», viajaban 21 personas que iban a Trinidad y Tobago «a reencontrarse con sus familias» por Navidad y «sin cumplir con las condiciones de seguridad mínimas».

Hasta ahora se desconoce si, tras confirmarse 23 fallecidos, todos iban a bordo de la misma barca, en cuyo caso el número de viajeros era mayor al reportado inicialmente por el Gobierno.

Oposición denuncia actuación de Trinidad y Tobago

La oposición asegura que los fallecidos, al igual que en otros naufragios ocurridos en esa zona en los últimos tres años, eran venezolanos que querían emigrar el país en vista de la profunda crisis económica. 

En este sentido, la Comisión presidencial para las Relaciones Exteriores sobre Venezuela y Trinidad y Tobago recordó que en Trinidad y Tobago hay 40.000 venezolanos, de los cuales solamente se han podido registrar 16.000 para obtener su documentación legal y denunció que se han incrementado episodios de xenofobia, violencia doméstica y deportación que muchas veces terminan en muertes, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.

También denunciaron las reiteradas violaciones de DD. HH. hacia los venezolanos desde el año 2017 hasta el presente año.

En el año 2017 murieron tres personas en un naufragio con destino a Trinidad y Tobago. De acuerdo con reportes de la prensa, fue una embarcación de 5 individuos, los cuales visitaban la isla caribeña con el fin de abastecerse de alimentos y medicinas, dada la crisis de escasez que atravesaba Venezuela. Al no obtener noticias de los tripulantes y frente a rumores de que los había arrastrado el mar, los familiares acudieron a la Guardia Nacional y a la Guardia Costera, pero estos respondieron que no contaban con embarcaciones ni personal para llevar adelante una operación de búsqueda. Dos de los tripulantes fueron rescatados, pero el resto fue arrastrado por la corriente. 

En abril de 2018, Trinidad y Tobago deportó a 82 venezolanos, entre ellos algunos que habían solicitado asilo. En ese entonces, ACNUR manifestó su “grave preocupación” y pidió al país que “respetara sus obligaciones internacionales”. Desde ese momento, el gobierno de Trinidad y Tobago ha reportado como “voluntarias” las deportaciones que ejecuta.

En mayo de 2019, se conoció de dos embarcaciones que partieron a Trinidad y Tobago y desaparecieron en alta mar. Las mismas tenían al menos 60 personas, los casos fueron conocidos en ese entonces como peñero Jhonnalys José y peñero Ana María. Pese a las denuncias formales de los familiares, las autoridades venezolanas no adelantaron ningún tipo de investigación y hoy no se conoce el paradero de todos los tripulantes.

Y el pasado 22 de noviembre un grupo de 27 venezolanos, incluidos 16 niños, fueron deportados, un acto que se dio en clara violación al principio de no devolución, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967.

Con información de EFE

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