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Saab presentará ante CPI documento que busca probar respeto a los DD.HH.

La Fiscalía de Maduro presentará ante la Corte Penal Internacional (CPI) un documento que busca probar que el Estado «castiga, sanciona y persigue» a quienes atentan contra los derechos humanos en el país, ante los indicios de incumplimiento que posee el alto tribunal, informó este lunes el fiscal general, Tarek William Saab.

El titular del Ministerio Público aseguró, en una comparecencia pública, que las instituciones no permiten que haya impunidad, en casos de violación a los derechos humanos, ya sea cometida por civiles o funcionarios del Estado.

Saab, quien ofreció un balance sobre su visita a la CPI el pasado 4 de noviembre, recordó que invitó a la fiscal general del tribunal de La Haya, Fatou Bensouda, a visitar Venezuela para que «conozca cómo se realizan las investigaciones» en el país.

Niega crímenes de lesa humanidad

En la reunión del pasado miércoles, Bensouda comunicó a Saab que considera que existen «fundamentos razonables para creer» que se han producido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Sin embargo, el fiscal venezolano dijo que «no se puede tipificar que haya crímenes de lesa humanidad» porque la Constitución y las leyes lo han prevenido.

El alto tribunal abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.

La Fiscalía de la CPI ha solicitado a Venezuela información sobre «los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma», la carta fundacional de la corte internacional.

La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si la Justicia venezolana llevara a cabo auténticas pesquisas sobre los hechos investigados.

Si la Fiscalía del tribunal internacional considera que esas investigaciones no son genuinas y los hechos denunciados son lo suficientemente graves, el examen preliminar pasaría a ser una investigación formal.

Al examen preliminar de 2018 se le añadió en febrero de 2020 un informe emitido por Caracas en el que se asegura que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en su contra son crímenes de lesa humanidad.

Los señalamientos a Venezuela en esta materia por parte de la CPI son respaldados por los diferentes informes que la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, emitió sobre el país caribeño, especialmente en lo referido a los abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Asimismo, los hechos por los que, tanto la CPI como la ONU acusan al país, son avalados por distintas ONG nacionales e internacionales dedicadas a la vigilancia del cumplimiento y respeto a los principios fundamentales en este ámbito. 

Respaldo y próximos pasos

Ante la declaración de la CPI, Guaidó dijo que Saab “salió con las tablas en la cabeza, señalado como asociado por de delitos de lesa humanidad. Ha tardado mucho la Corte Penal. Luego del informe de violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad de las Naciones Unidas no podemos ser ahora relatores de la tragedia, no es suficiente”.

El líder de la oposición cuestionó que las autoridades del tribunal hayan recibido al dirigente del oficialismo, acompañado de Alfredo Ruiz, defensor del pueblo de la administración de Nicolás Maduro.  

“Eso genera reacciones agridulces, ¿no? ¿Cómo reciben a un hombre sin la cualidad? Entre otras cosas. Ese debate hay que darlo, en calidad de qué lo reciben. Pero, más allá de eso, están todos los elementos para proceder a una demanda internacional con jurisdicción en la Corte Penal Internacional”, dijo. 

Asimismo, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, considera que la conclusión de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) es fundamental para que se inicie una investigación formal contra Maduro.

En este sentido, el abogado y especialista en Derecho Penal Internacional, Carlos Armando Figueredo, explicó a Analitica.com, que el proceso para un juicio a Nicolás Maduro y toda la cadena de mando que esté involucrada en violaciones de derechos humanos puede durar años.

Ante este panorama, indicó que lo que puede pasar antes es que la sala preliminar pida la comparecencia del acusado y su arresto.

Precisó que el proceso ha llegado ahora a la tercera fase de cuatro, en la que la institución debe evaluar si el Estado venezolano ha investigado y juzgado debidamente a los responsables de los delitos, y en la cuarta fase la justicia internacional decidiría si sancionar a los responsables.

Con información de EFE

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