La libertad de expresión en la picota
En mayo de 2001 participé en Sao Paolo, Brasil, en el foro “Jornada sobre Libertad de Prensa y Democracia en América Latina” organizado por el Parlamento Latinoamericano y la UNESCO. La mesa en la cual intervine examinó el tema: “La libertad de expresión y de prensa: entre la legislación democrática y el autoritarismo y la arbitrariedad” Los otros miembros del panel fueron el Diputado Ismael Herrera, Legislador de Panamá, el Dr. Héctor Oscar Amengual, Director General de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y el diputado Carlos Mahia, Legislador de Uruguay.
En mi presentación señalé que si bien en Venezuela la libertad de prensa y la libertad de opinión no habían sido suprimidas, era frecuente que el gobierno dirigido por HRChF recurriera a “nuevas formas” de ataque contra los medios, como el acoso, las intimidaciones, las agresiones a periodistas, atentados contra las sedes de periódicos y canales de televisión, y sobre todo acusaciones e imputaciones sin fundamento de supuestas actividades conspirativas. Todo ello con la finalidad de provocar temor, inducir la auto-censura e ir gradualmente intensificando el control sobre la libertad de expresión.
Seis años después el panorama es todavía más negro. El informe sobre la situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela presentado por Espacio Público registra que el año pasado se produjo un incremento considerable de medidas judiciales de censura previa, agresiones a los reporteros, limitaciones al acceso a la información pública y obstáculos a los periodistas de medios no oficiales para buscar, recibir y difundir información. Según ese informe las violaciones más frecuentes son la intimidación (35,10%), la agresión (15,89%), la amenaza (13,91%) y el hostigamiento judicial (13,91%).
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe correspondiente al año 2006 registró el asesinato de dos periodistas (Jorge Aguirre de El Mundo y Jesús Flores de Región) y numerosos actos de agresión , amenazas contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, incremento de procesos penales contra comunicadores sociales que tienen un efecto disuasivo para el ejercicio de la libertad de expresión y otros actos que “podrían configurar formas indirectas de restricción al ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela.”
El Informe de la CIDH correspondiente a 2006 advierte que si bien el gobierno tiene la potestad de administrar el espectro radioeléctrico, establecer términos de duración de las concesiones y decidir sobre su renovación, esa atribución “debe ser ejercida tomando en cuenta las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, que incluyen garantizar el derecho a expresar ideas y pensamientos de toda índole sin que se adopten restricciones indirectas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión.”
Cuando la CIDH dice que la libertad de expresión no sólo debe garantizar la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado y agrega que “Solamente cuando el individuo es informado podrá evaluar y libremente adherirse a una u otra postura dentro del espectro político” evidentemente tiene presente el caso de RCTV
Faltan escasamente dos semanas para que se aplique a ese medio la medida que privará a los venezolanos de su derecho a disponer de un canal de televisión a través del cual reciben información de lo que acontece en el país permitiéndoles, como dice la CIDH “evaluar y adherir libremente a una u otra postura dentro del espectro político”.
Los llamamientos hechos por diversos sectores de la sociedad venezolana, sin distinción de nivel social o económico o de posición política y por instituciones respetables y representativas de la comunidad internacional siguen siendo ignorados. De nada ha servido tampoco que la CIDH haya trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la situación que plantean el hostigamiento contra empleados y trabajadores de RCTV y su impacto sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
El viernes pasado en su versión digital este diario realizó un sondeo de opinión sobre la suerte de RCTV. Los resultados fueron: 71.45 % de los participantes opinaron que la concesión no será renovada, 3.98 % que el gobierno rectificará y el canal seguirá en el aire y 24.57 que el TSJ fallará a favor del canal y el gobierno desistirá de la medida. Las dos últimas opiniones son apenas un soplo de esperanza de que HRChF depondrá su soberbia, su intemperancia, su megalomanía, su despotismo y escuchará el clamor de la casi totalidad de la ciudadanía para que desista del insólito atropello que se propone cometer.
Lamentablemente, dentro de su empeño de aislar a Venezuela de la legalidad internacional, pareciera que –y aquí empleo una de sus expresiones favoritas- HRChF ha decidido “enrollar y meterse en el bolsillo trasero” la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH (Declaración de Chapultepec) y todos los demás instrumentos internacionales que protegen el derecho de los venezolanos a la libertad de información.
