Los servicios públicos y la represión
Carlos Canache Mata
Una de las acepciones que el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) da del vocablo “apocalítptico, ca” es la siguiente: “Terrorífico, espantoso. Dícese de lo que amenaza o implica exterminio o devastación”. Esa definición contiene las palabras que calzan exactamente para describir la situación que atravesamos los venezolanos desde el pasado día 7 de marzo, cuando estalló el megaapagón eléctrico, con sus dramáticas repercusiones o consecuencas en los otros servicios públicos. Y para burla de todos nosotros, la dictadura, que azota a esta tierra que en un tiempo fue “tierra de gracia”, sigue insistendo en que la falta del fluído eléctrico es obra de un sabotaje del “imperialismo y sus lacayos crriollos”, que ahora (25 de marzo) han utilizado un francotirador para disparar con un fusil de larga distancia contra una línea de transmisión y sus subestaciones. Y para que no nos hagamos ilusiones de que la secuencia de apagones nacionales cesará pronto, sino que continuará el ascenso al calvario, “el usurpador”, es innecesario decir que me refiero a Nicolás Maduro, declaró el pasado domingo 31 de marzo que “he aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga”, como llama al racionamiento de la electricidad.
La catástrofe eléctrica, que la dictadura pretende explicar y justiticar con torrentes de mentiras, desde hace más de diez años la habían advertido varios expertos en la materia, y que se causaría fundamentalmente por “la escasa inversión en la infraestructura y un completo descuido de las labores de mantenimiento preventivo y correctivo”. Se oculta que no se pudo ni se puede cubrir con generación térmica el faltante de la generación hidroeléctrica porque, como lo señaló Aviem (Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines), “la generación termoeléctrica está en el suelo, de los 16.000 megavatios instalados se dispne de 2.500 megavatios”, y, en consecuencia, “no hay complementariedad entre la generación termoeléctrica y la generación hidroeléctrica”. La verdad es ésta y no otra.
El caos eléctrico ha agravado el lamentable estado de otros servicios públicos: desabastecimiento de agua, de gas natural, colapso del metro y del transporte público en general, interrupciones del sistema educativo, riesgos en el funcionamiento de los hospitales y de las clínicas privadas, etc. Aún se desconoce el alcance de los daños materiales (impacto en el desarrollo industrial y en la actividad comercial, pérdida de electrodomésticos, conservación de alimentos y medicamentos, etc), y, lo que es más importante, habrá que precisar cuántas víctimas letales hubo por suspensión de las diálisis renales y por truncarse intervenciones quirúrgicas en plena ejecución. Estos muertos también forman parte del ya voluminoso prontuario de la dictadura.
Las calles de Caracas y del interior del país han sido escenarios de manifestaciones populares protestando contra las grandes fallas o la supresión de los servicios públicos, especialmente del agua, puesto que ésta es insustituible, a diferencia de la ausencia de la luz que parcialmente puede paliarse con el uso de velas y linternas. Como a la dictadura le gusta golpear en la cicatriz, ha reprimido brutalmente esas manifestaciones valiéndose de las fuerzas de seguridad pública y de los llamados “colectivos armados”, grupos paramilitares que actúan al alimón con la Fuerza Armada Nacional.
Tenemos un Estado fallido y criminal.
