Actualidad Internacional

Informe de relatora de la ONU sobre derechos humanos molesta al madurismo

El funcionario oficialista Emilio Barroeta acusó a Mary Lawlor, relatora de la ONU, de querer "someter al escarnio público internacional" a Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro muestro su doble rasero con funcionarios de Naciones Unidas: Así como apoyó las conclusiones de la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, quien afirmó que las sanciones han agravado la crisis venezolana, ahora denosta contra otra relatora, en este caso Mary Lawlor, quien ha denunciado la violencia y persecución que sufren los defensores de derechos humanos en nuestro país, que incluso ha llegado en ocasiones hasta la muerte.

Durante el 46º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Lawlor, quien se desempeña como relatora especial de este organismo sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el mundo, presentó su más reciente informe, donde coloca a Venezuela dentro del grupo de países en el que se reporta una alta tasa de persecución y violencia contra estos activistas, ubicando la cifra de muertes en 14, entre los años 2015 hasta 2019.

Quejas maduristas

Ante el informe, hubo reacción por parte del oficialismo. En esta oportunidad fue Emilio Barroeta, delegado permanente del oficialismo para los derechos humanos en la oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, quien criticó a Lawlor por incluir a Venezuela en su informe, apuntando que «tales señalamientos son tendenciosos e infundados, carentes de rigor científico y forman parte de una burda manipulación de la cual usted se ha hecho eco«.

El funcionario señaló en un video que Lawlor «está generando matrices negativas de opinión, con el fin de someter al escarnio público internacional a mi país, haciéndole el juego a los factores externos que constantemente buscan subvertir el orden público y desestabilizar al gobierno bolivariano«.

El delegado madurista pidió a la relatora de Naciones Unidas que se apegue a los preceptos del código de conducta de los procedimientos especiales y que cumpla su labor «de manera objetiva, imparcial e independiente«.

«En muchos casos se ha podido constatar el financiamiento de potencias a ciertas organizaciones que, cobijadas bajo el manto de los derechos humanos, generan violencia con fines de desestabilización política«, conjeturó Barroeta.

El trabajo de los relatores

Días atrás, Lawlor, junto con otros relatores especiales de la ONU, celebraron la puesta en libertad de los cinco miembros de la ONG Azul Positivo, aunque insistieron en que se les retiren definitivamente los cargos, al tiempo que instaron a las autoridades oficialistas a poner fin a los continuos y crecientes ataques e intimidaciones en contra de las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas.

«Las detenciones y acusaciones penales forman parte de un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que ya operan dentro de un marco legislativo restrictivo, incluyendo la ‘Ley contra el Odio’ de 2017, que restringe el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, entre otros«, dijeron los expertos de Naciones Unidas.

También señalaron que la gestión Maduro ha adoptado en los últimos meses nuevas normas que intensifican la presión contra las ONG y restringen su acceso a la financiación internacional, incluyendo los recursos necesarios para atender la crisis humanitaria. En este sentido, los expertos pidieron revisar esta nueva normativa y a priorizar la atención a dicha crisis con un enfoque basado en los derechos humanos.

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