Caso Flores: Corte niega mociones, Fiscalía fortalece caso y juicio será el 7 de noviembre
Por Maibort Petit
@maibortpetit
El juez Paul Crotty negó todas las solicitudes de supresión de evidencias solicitadas por los abogados de Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. En un memorando de 24 páginas la corte informa que mociones de los acusados se les niega en todos los aspectos.
Asimismo, el juez Crotty ratificó que el caso se procederá a juicio el 7 de noviembre de, 2016, tal como estaba previsto.
Igualmente informó que la instrucción de cargos en la acusación formal contra los acusados seguirá adelante.
La corte ratificó que habrá una audiencia curcio el 13 de octubre 2016 a 4:00 p.m. para tratar el tema del pago de la defensa por parte del empresario Wilmer Ruperti.
En el documento de 24 páginas el juez Crotty ratifica que Campo Flores y Flores de Freitas enfrentarán en el juicio los siguientes de cargos:
1) Conspiración para importar cinco o más kilogramos de cocaína a los Estados Unidos desde un país extranjero, en violación de 21 de USC §§ 952 (a) y 960 (a) (1);
2) Conspiración para fabricar o distribuir cinco o más kilogramos de cocaína, a sabiendas y con la intención de que sería importada a los Estados Unidos, en violación de 21 de USC §§ 959 (a) y 960 (a) (3).
El juez Crotty negó la totalidad de las mociones pedidas por los acusados el 1 de julio de 2016, entre las cuales se encontraban:
1) Un proyecto de ley de Particulares;
2) La producción temprana de los materiales traducidos;
3) La producción del sistema materiales Brady & Giglio,
4) Las identidades de los informantes confidenciales;
5) La ocultación de pruebas basado en la expoliación; y
6) Las supresión de las declaraciones de los acusados, posteriores a la detención en Haití, ocurrida el 10 de noviembre de 2015.
En su análisis, el juez Crotty señala que la moción para suprimir evidencias basada en la expoliación se observó que los acusados tratan de bloquear cualquier testimonio relativo a una reunión con los acusados en Honduras realizada el 4 de octubre de 2015.
Asimismo, buscan eliminar todas las grabaciones hechas con los dispositivos en las reuniones, alegando que están incompletas, y además que faltan materiales que los eximen de la culpa.
