La violencia policial, una enfermedad difícil de erradicar en América
En Venezuela, los casos de violencia policial se cuentan por cientos y son atribuidos, fundamentalmente, a las FAES, un grupo que se recomendó disolver
La violencia policial en América es una enfermedad que parece insalvable y que penetró en toda la región pese a las llamadas permanentes al control y al respeto por los derechos humanos. Países como Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Colombia o Chile, han sido escenario de episodios de extremo uso de la fuerza, dejando tras de sí decenas de víctimas.
Cientos de casos en Venezuela
En Venezuela, los casos de violencia policial en los últimos años se cuentan por cientos y son atribuidos, fundamentalmente, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un grupo creado en 2016 que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recomendó disolver al responsabilizarlo de numerosas desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en todo el país. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro respondió con el apoyo incondicional a los efectivos y sus actos.
Entre los casos más destacados de víctimas de la brutalidad de las fuerzas de seguridad del Estado (la Fuerza Armada asume labores de Policía cuando el Gobierno lo considera necesario, como en las protestas de 2017 o 2014) está el asesinato de David Vallenilla, quien recibió un disparo procedente de la base militar de La Carlota el 22 de julio de 2017, cuando el joven tenía 22 años.
Otro caso sonado fue el de Juan Pablo Pernalete, quien murió a los 20 años producto de una bomba lacrimógena lanzada por la Guardia Nacional Bolivariana, tal y como reportó la entonces fiscal General Luisa Ortega Díaz, y a la que desmintió el Gobierno, argumentando que el joven había sido asesinado con una pistola por “la propia derecha”.
Un caso que también sigue vigente es el del asesinato de Óscar Pérez, policía insurrecto que en las protestas de 2017 decidió posicionarse del lado de los ciudadanos que protestaban contra el Gobierno, llamando a sacar a Maduro del poder. Según el Ejecutivo, Pérez lanzó varias granadas desde un helicóptero policial contra dos edificios gubernamentales en Caracas, pero nunca se reportaron muertos ni heridos del supuesto ataque.
Pérez se refugió en una localidad cercana a la capital, donde fue abatido por fuerzas de seguridad del Estado en enero de 2018 junto a 6 personas más.
Más reciente -4 de julio de 2019- el adolescente de 16 años Rufo Chacón se quedó ciego al recibir parte de la munición de las armas de dos policías, que pretendían dispersar una protesta para exigir gas doméstico a base de disparos. Los agentes fueron detenidos, pero nunca se supo si fueron juzgados ni qué ocurrió posteriormente con ellos.
Colombia bajo la lupa
Las protestas en Colombia llevan en los últimos años el nombre de Dilan Cruz, Javier Ordóñez y en estos últimos días el de Marcelo Agredo o Santiago Murillo. Muertos todos ellos en el marco de las manifestaciones que debían ser pacíficas o por la acción de la Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
El problema de la brutalidad policial persiste, cada vez más agravado, mientras que una parte de la sociedad pide cambios en una Policía que depende del Ministerio de Defensa.
“Hay un fenómeno estructural en Colombia y es que por cuenta del conflicto armado y de la guerra contra el narcotráfico hemos confundido mucho la diferencia que tienen que desempeñar los militares y la Policía”, explica a Efe la analista política Sandra Borda, quien compara esto a lo que pasó, por ejemplo, en las protestas raciales de Ferguson (EE.UU.), cuando la Policía comenzó a usar material militar.
“Acá en Colombia es peor, entre otras cosas porque con tanto problema de orden público, básicamente se tuvo que dedicar toda la fuerza pública a lidiar con esos problemas”, continúa Borda, profesora asociada de la Universidad de los Andes.
En Colombia, “se ve demasiado Ejército en la calle”, cuando no tenía que estar “tan presente en la cotidianidad de la ciudadanía”, y luego la Policía asumió “una doctrina y unos métodos supremamente militares”, con una actitud “sumamente defensiva”, en la que la “ciudadanía es el enemigo”.
Las actuales protestas en Colombia, que dejan 27 muertos según la Defensoría o hasta 47, según la ONG Temblores, son la expresión exacerbada del paro nacional de 2019 y una situación social que ha empeorado con la pandemia, con incremento de la pobreza y una parte de la juventud aislada del mercado laboral.
