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Unión Interparlamentaria exige cese inmediato a la persecución contra diputados

La diputada Delsa Solórzano en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de este martes 7 de abril señaló que según el informe de la Unión Interparlamentaria Mundial, emitido por el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, la administración de Nicolás Maduro está utilizando la pandemia por el coronavirus como excusa para perseguir y detener a parlamentarios.

En este informe también se exige la liberación inmediata de los presos políticos, como son los diputados, Juan Requesens, Tony Geara, Gilber Caro, Renzo Prieto e Ismael León.

En este sentido, Solórzano destacó que el informe se refiere de manera específica a lo que llaman “Furia Bolivariana” con la cual, se ha amenazado de muerte o de agresiones a distintos parlamentarios a través de escritos pintados en las fachadas de sus casas o por las redes sociales.

“La Unión Interparlamentaria exige el cese inmediato a la persecución contra los diputados que se ha instaurado de parte del régimen que encabeza Nicolás Maduro”, indicó Solórzano

Venezuela en el capítulo cuarto del informe de la CIDH

La Vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria (UIP), también informó que este martes ha sido emitido el informe anual de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), señalando que Venezuela se ubica nuevamente en el capítulo cuarto, en el cual, se encuentran los Estados llamados “forajidos” en materia de derechos humanos. “Es decir, son aquellos países que violan de manera flagrante los derechos humanos”.

Solórzano detalló que la CIDH a través del informe hace una reseña sobre los hechos acontecidos de todo el año 2019, entre los cuales desde el punto de vista Constitucional el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, conforme al artículo 233, asumió la competencia de presidente encargado, ya que como es sabido tanto el Parlamento venezolano como la comunidad internacional, consideró que en el año 2018 no se dio una elección sino un fraude electoral en Venezuela, indicó.

La diputada destacó, que el documento en primer término se refriere a la situación general de Derechos Humanos y a lo que ellos señalan como violación a la institucionalidad democrática en Venezuela, de igual forma, considera que no hay independencia de poderes y que el Tribunal Supremo de Justicia está secuestrado por el señor Nicolás Maduro.

Asimismo, el texto indica que se viola de manera flagrante los derechos civiles y políticos en el contexto de la vida pública, haciéndose dificultoso organizar manifestaciones sin que estas sean reprimidas y resalta la grave situación de los periodistas y los medios de comunicación, los cuales son detenido por la fuerzas de seguridad del Estado.

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