Judicial

La vuelta de Reverol, por Javier Ignacio Mayorca

La designación del mayor general de la Guardia Nacional Néstor Reverol para el ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz representa un hecho de extremada gravedad, por más de una razón.

En primer lugar, por lo que este oficial simboliza como un operador del Gobierno que es requerido formalmente para afrontar un juicio por el supuesto delito de conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos. Uno podría preguntarse si Reverol fue designado por Maduro como consecuencia de esta información o a pesar de ella. Es decir, si fue una medida presidencial para evitar que el oficial se doblara, como se dice en la jerga de inteligencia, y optara por recorrer el mismo camino que siguió su ex compañero de fuerza Eladio Aponte, o si lo están utilizando desde el Ejecutivo para concretar un gesto más de rebeldía en la política internacional. Algo así como la reedición de la decisión que tomó Hugo Chávez cuando se supo que el general Henry Rangel era incluido en la lista Clinton, debido a las supuestas relaciones de este oficial con elementos de las FARC. En aquella oportunidad, Chávez no sólo ascendió a Rangel sino que luego lo promovió al Ceofanb y al ministerio de la Defensa.

Pero estar en la lista Clinton es una cosa y ser formalmente requerido para afrontar un juicio por drogas es otra. La primera comporta una medida administrativa del Departamento del Tesoro estadounidense, mientras que la última implica un proceso penal, que no excluye la posibilidad de que luego también el Tesoro imponga una sanción. En Estados Unidos, para llegar a un juicio la Fiscalía debe mostrar las pruebas disponibles en audiencia a puertas cerradas ante un “gran jurado”. Es una especie de antejuicio. Esto sucedió en enero de 2015, y se determinó que había méritos suficientes para llevar al banquillo al mayor general, y a quien fuera su segundo en la Oficina Nacional Antidrogas, el general de brigada (GN) Edilberto Molina.

Entonces, aquí estamos ante un problema de índole legal, y también moral. ¿Cómo exigir el cumplimiento de la ley si no se ha aclarado esta situación? ¿Cómo ejercer el “órgano rector” en seguridad ciudadana en Venezuela cuando se está en semejante condición? ¿Con qué cara podrá solicitar cooperación policial a los demás países?

La decisión del Departamento de Justicia en cuanto a la divulgación de los cargos contra Reverol tuvo un propósito netamente político. El gobierno estadounidense probablemente sabía sobre la inminencia del nombramiento del general y sacó del baúl el expediente que reposaba en la corte del Distrito Este de Nueva York desde hace 17 meses.

“Los estadounidenses quieren meter presión al Gobierno. No sólo es Reverol. También están los sobrinos de Cilia Flores”, fue el comentario que me hizo un agregado policial.

Ha pasado más de una semana desde que ocurrió la designación, y Reverol aún no ha dado ninguna declaración pública. Su gestión promete ser de un perfil tan bajo que podría ser subterráneo. No sólo por esta condición sub judice sino también por el desbarajuste que atraviesa el país en materia de seguridad ciudadana. Este es el otro problema, tan grave como el primero.

El antecesor de Reverol, el mayor general del Ejército Gustavo González López será recordado como el ministro en el que se batieron los récords en cuanto a homicidios en el país. Un lapso de profundo deterioro en los cuerpos de seguridad, que llevó a sus funcionarios a convertirse como nunca tanto en víctimas como en victimarios. Un lapso en el que se le dio el calificativo de “liberación” a las redadas en las que las policías salieron a ajustar cuentas, con la bendición de sus superiores y el silencio del Ministerio Público. Y a pesar de que las cuentas fueron ajustadas hasta la saciedad en los barrios el Gobierno no pudo bajar los índices generales de criminalidad.

Quizá González López no tenga toda la responsabilidad por el hecho de que Venezuela se haya transformado durante su gestión en el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios superior a los 90 casos por cada 100.000 habitantes para 2015. Es posible que él haya heredado una dinámica que no fue capaz de revertir, y que ha continuado en los primeros siete meses de 2016.

González López, sin embargo, negó hasta el final la ola de criminalidad que vive el país. Todavía se recuerda cuando él juró en una entrevista en VTV que el delito había disminuido. Mientras tanto, en la calle, la ciudadanía vivía y vive un estado de sitio impuesto por el hampa.

Hoy en día, tanto los opositores como los chavistas y los ni-ni tienen a la inseguridad entre sus dos preocupaciones más importantes. Antes, las encuestas revelaban que la gente responsabilizaba por esta situación solamente al malandro de la esquina o a la ineficacia de las policías preventivas. Los chavistas, incluso, llegaron a culparse ellos mismos por su propia victimización. Pero esto cambió. Ahora los ciudadanos responsabilizan mayoritariamente al Gobierno por su incapacidad para protegerlos.

Por eso, la designación de Reverol para el MRI dice mucho de la forma como Maduro intenta conducir el país. Hay que tomar en cuenta que el general ya estuvo en este cargo, entre los años 2012 y 2013, luego de haber ejercido el viceministerio de Seguridad Ciudadana. Y en esos tiempos la criminalidad no disminuyó.

Entonces, los valores tomados en cuenta para llevarlo a este “segundo debut” no fueron precisamente la eficacia o el conocimiento de una materia tan delicada como el control a la criminalidad.

Con Reverol en el MRI, todo el aparato de seguridad ciudadana queda en poder de la Guardia Nacional. Este oficial dejó la comandancia general del componente en manos de quien fuera su segundo hasta hace poco, el mayor general Antonio Benavides Torres. Con él trabajará en línea para la represión del delito y de las protestas que cunden por todo el país, según esa particular noción denominada “orden interno”, que ahora posibilita disparar contra manifestantes. Además, tiene en la Policía Nacional a otro general surgido de las filas de la misma fuerza, Juan Francisco Romero Figueroa.

Para que haya total hegemonía, a Reverol sólo le faltará tomar el control de la policía judicial y del Sebin, cuya dirección aún ejerce formalmente González López. Veremos cómo se mueven las fichas en los próximos días.

 

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